La sentencia 154/2019 dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no es una cualquiera, sino la que da origen a todo un hito en materia de garantías procesales. Esta resolución en cuestión ha sido anulada recientemente por la misma sala, al entender el propio Supremo que la anterior vulneraba el derecho a una tutela judicial efectiva de los demandantes.
El caso en particular tiene su origen en la petición de nulidad de unos contratos financieros «atípicos» que fueron comercializados por la entidad Banco Popular, cuyo montante global ascendía a 10 millones de euros.
Se da la circunstancia de que en la anterior sentencia los magistrados desestimaron un recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación iniciados en nombre de algunos de los clientes minoristas de la entidad bancaria. De esta forma, el Tribunal Supremo tendrá que volver a dictar sentencia tras reconocer que no se respetaron los derechos de los demandantes.