El gerente de un ya clausurado centro de rehabilitación en la localidad canaria de Firgas, así como su mujer, se enfrentan a una causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arucas por presuntos delitos de estafa e intrusismo.
El juez notificó recientemente a los encausados el auto que transforma en procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas contra la pareja en el año 2011, tras apreciarse indicios de que ambos ejecutaron “un plan para lucrarse de manera ilícita mediante la captación de personas con patologías neurodegenerativas, de quienes aprovecharon su desesperación para ofrecer tratamientos con células madre”. En total hay 37 presuntas familias afectadas.
La autoridad judicial afirma, que la investigación permite concluir que el gerente del centro, sin contar con la correspondiente habilitación, autorización ni prescripción facultativa, inyectaba a los pacientes la denominada hormona del crecimiento, “que portaba dentro de una jeringuilla que llevaba en el bolsillo del pantalón de su chándal”. Su mujer, tal y como sostiene el juez instructor, «era plena conocedora y colaboradora del plan fraudulento”. Las familias de los enfermos abonaban un primer pago de 3.100 euros, a los que se sumaban otros 400 mensuales hasta la conclusión del tratamiento.
La ausencia de personal cualificado y la no mejoría en los pacientes encendieron las alarmas entre algunos de los familiares, los cuales mandaron a analizar el componente que el acusado inyectaba a los usuarios del centro. El juez considera probado que el gerente carecía de cualquier habilitación profesional y autorización administrativa para ejercer la medicina y suministrar a los pacientes cualquier tipo de fármaco.