La ausencia de una regulación normativa adecuada para la gestión, el control y el seguimiento de los recargos derivados de los diversos incumplimientos en materia de seguridad laboral e higiene en el trabajo retrasan la tramitación y la ejecución de estas compensaciones. A grandes rasgos, así lo reconoce el Tribunal de Cuentas, desde donde se sostiene que entre un 30 y 50 por ciento de los casos inspeccionados se reconocen en favor del trabajador como consecuencia de la falta de adopción de medidas.
Si ya en el año 2016 la Inspección propuso a las entidades gestoras de la Seguridad Social imponer recargos en el 34 por ciento de los accidentes investigados, en el caso de las enfermedades profesionales el escenario es menos esclarecedor tras el cambio de normativa experimentado en 2007.
En sus recomendaciones hechas públicas, el Tribunal de Cuentas recomienda una actualización de las tablas y parámetros para determinar el valor actual del coste de las pensiones fruto de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el fin de garantizar su cobertura y evitar posibles desviaciones. Y es que, según indica el órgano fiscalizador, el cálculo de los capitales se refiere a la población del año 2000, «lo que podría estar provocando una falta de proporcionalidad».