La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha desestimado la demanda de conflicto colectivo que previamente habían interpuesto cuatro asociaciones judiciales contra el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y varias autonomías. La demanda en cuestión versaba sobre las cargas de trabajo de jueces y magistrados, con la consiguiente posibilidad de repercusiones en el ámbito de la salud laboral.
En consonancia con una sentencia previa del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional estima que la impugnación de actuaciones administrativas en materia de riesgos laborales debe someterse a un procedimiento administrativo, «aun cuando se apliquen normas laborales».
Del mismo modo, el tribunal considera que «las pretensiones de la demanda no contienen un conflicto jurídico, sino regulatorio o de intereses». Aunque la Audiencia Nacional reconoce que el Consejo General del Poder Judicial es deudor de seguridad de jueces y magistrados, «sus decisiones en esta materia tienen naturaleza administrativa», tal y como se recoge en la sentencia.